La Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Novena, de 6 de junio de 2018, asunto C‑250/17: Tarragó da Silveira, reconoce que aunque el tenor literal del art. 15 del  Reglamento (CE) nº 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia  no está exento de ambigüedad. Ahora bien, el contexto y la finalidad de este imponen, una interpretación en virtud de la cual su ámbito de aplicación no puede estar circunscrito únicamente a los procedimientos en curso que se refieren a un bien o a un derecho determinado de la masa. En orden a los objetivos del Reglamento n.º 1346/2000, el Tribunal de Justicia señala que sería contrario al objetivo de dicho Reglamento, como resulta de su considerando 8, consistente en alcanzar una mayor eficacia y efectividad en los procedimientos de insolvencia con repercusiones transfronterizas, obligar, en lo que respecta a los procedimientos judiciales que versan sobre una obligación pecuniaria, al tribunal que conoce del asunto a aplicar en sus actuaciones una ley extranjera con la única finalidad de determinar los efectos de la apertura de un procedimiento de insolvencia en otro Estado miembro sobre dichas actuaciones. Ello podría retrasar la decisión de ese tribunal relativa a la declaración y a la fijación de la cuantía de un eventual crédito y, en su caso, impedir al acreedor declarar, oportunamente, su crédito en el pasivo de la masa formada en el marco de ese procedimiento de insolvencia. Así pues, conforme al objetivo mencionado la interpretación del art. 15 del Reglamento nº 1346/2000 permite al órgano jurisdiccional que conoce de un procedimiento en curso determinar los efectos de la apertura del procedimiento de insolvencia sobre sus actuaciones en virtud de su Derecho nacional. Por consiguiente, el ámbito de aplicación del art. 15 del Reglamento nº 1346/2000 no puede circunscribirse únicamente a los procedimientos en curso relativos a un bien o un derecho de la masa».