El Parlamento aprobó el 24 de abril de 2024 la primera normativa europea para luchar contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, con 522 votos a favor, 27 en contra y 72 abstenciones. Esta directiva exige leyes más estrictas contra la ciberviolencia, mejor asistencia a las víctimas y medidas para prevenir las violaciones. Las nuevas normas pretenden prevenir la violencia de género y proteger a las víctimas, sobre todo a las mujeres y a todos los que sufren violencia doméstica.

Las nuevas normas prohíben la mutilación genital femenina y el matrimonio forzado, y establecen orientaciones específicas para los delitos cometidos en línea, como la divulgación de información privada y el exhibicionismo cibernético.

La normativa también incluirá una lista más exhaustiva de circunstancias agravantes para los delitos que conllevan penas más severas, como los crímenes cometidos contra figuras públicas, periodistas o defensores de los derechos humanos. Otros delitos contemplados son la intención de castigar a las víctimas por su género, orientación sexual, color de piel, religión, origen social o convicciones políticas, así como para preservar el «honor» de una persona o restaurarlo.

Accesibilidad a servicios de salud sexual y reproductiva

Debe darse prioridad a la seguridad y el bienestar de las víctimas, incluido el acceso a alojamientos protegidos. La asistencia sanitaria debe ser accesible, sin excluir los servicios de salud sexual y reproductiva. Las autoridades de los países miembros tendrán obligaciones más estrictas de elaborar informes y recoger pruebas. Asimismo, deberán sensibilizar a la población sobre el hecho de que mantener relaciones sexuales sin consentimiento se considera un delito.

Dada la insistencia del Parlamento, la Comisión realizará un informe cada cinco años para determinar si estas normas deberían someterse a revisión.

Actuaciones futuras

Las nuevas normas entrarán en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Los países miembros dispondrán de tres años para aplicar las disposiciones.