El TSJ de Madrid anula un laudo arbitral dictado el mismo día el plazo para realizar las alegaciones en el procedimiento arbitral

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La Sentencia del  Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 6 de marzo de 2017 anula un laudo arbitral tras dejar constancia que en el caso enjuiciado éste se había dictado “el mismo día en el que concluía el plazo para que los ahora demandantes realizaran las alegaciones oportunas en el procedimiento arbitral”, concluyendo que no tuvieron “posibilidad de ejercitar oportunamente sus derechos en ese procedimiento, lo que integra la causa de nulidad prevista en el apartado b) del art. 41.1º de la Ley de Arbitraje .

Clausura del Seminario internacional “El orden público en el arbitraje interno e internacional” (8 de mayo de 2017)

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El día 8 de mayo tuvo lugar el Seminario sobre “El orden público en el arbitraje interno e internacional”, organizado por la Cour Européenne d’Arbitrage y el Magister de Derecho de los Negocios Internacionales de la Universidad de Madrid. Participaron el el mismo, Mauro Rubino Sammartano, President de la Cour Européenne d’Arbitraje, José Carlos Fernández Rozas, Catedrático de Derecho internacional privado. Universidad Complutense, Roger Canals Vaquer, Socio ARCO Abogados y Asesores Tributarios, Pedro Claros Alegría, Árbitro independiente, Miguel Gómez Jene, Catedrático de Derecho internacional privado. Consultor de Catrecasas Abogados, Rafael Hinojosa Segovia, Profesor titular de Derecho procesal. Universidad Complutense, Santiago Martínez Lage, Socio Director de Martínez Lage, Allendesalazar & Brokelmann, Francisco Prol, Socio Director de Prol y Asociados Abogados, Gonzalo Stampa, Socio Director de Stampa Abogados,  José Manuel Suárez Robledano, Magistrado. Vocal del Tribunal de Cuentas.

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El TSJ de Asturias desestima una acción de anulación contra un laudo arbitral en materia de construcción a partir de razonamiento pertinentes

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La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 25 de abril de 2017 desestima cada uno de los motivos de anulación alegados por la parte condenada por un laudo arbitral: a) falta de imparcialidad e independencia del árbitro Presidente dada su vinculación con el árbitro designado por la Entidad demandada, b) contrariedad al orden público al existir una total ausencia de la valoración de las pruebas periciales, incluida la valoración de la prueba del testigo perito, autor del proyecto de edificación, c) carecer el laudo arbitral de motivación en sus conclusiones, y d) haber resuelto el laudo sobre cuestiones no sometidas a su decisión. Ante ciertas peculiaridades de un arbitraje de construcción como el impugnado la sentencia advierte de “la necesidad de que ciertos colectivos profesionales, en funciones arbitrales, estén, aunque sea mínimamente, asistidos por las organizaciones de las que forman parte”.

Tras una exhaustiva valoración del fondo del asunto el TSJ de Madrid decide rechazar una acción de anulación frente a un laudo de equidad

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Tras una exhaustiva valoración del fondo del asunto la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 7 de marzo de 2017, rechaza una acción de anulación contra un laudo arbitral. Para el tribunal, a motivación en el arbitraje de equidad, según el leal saber y entender del árbitro, tiene rasgos propios que la definen, de los cuales también conviene dejar constancia antes de analizar la suficiencia y/o la arbitrariedad de la argumentación cuestionada. Derogado el art. 32.2º LA /1988, no es hoy discutible que también en equidad el árbitro ha de motivar. Los Laudos dictados conforme a la Ley de Arbitraje, sean de equidad o de Derecho, han de ser motivados. El tribunal no de aprecia la infracción del orden público denunciada entendiendo que el conjunto de la motivación del laudo, dictado en equidad, permite comprender las razones por las que el árbitro ha fijado laindemnización según su leal saber y entender, según lo que estima justo de acuerdo con el principio pacta sunt servanda y el valor de los intereses económicos inherentes al pacto incumplido. Recuerda asimismo “como inconcuso, que el deber de motivar la prueba no exige dar cuenta explícita de por qué se descarta cada uno de los elementos del acervo probatorio que no es tomado en consideración para formar la convicción sobre los hechos”.

El TSJ de Madrid rechaza una solicitud de nombramiento de árbitro por estar claramente identificada la Corte de Arbitraje a quien compete dicha función

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La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 7 de marzo de 2017,  entiende que en el contrato origen de la controversia está identificada la Corte Arbitral a la que ambas partes atribuyeron la designación de árbitros y la administración del arbitraje -la Corte de Arbitraje de Madrid, integrada en la Cámara de Oficial de Comercio e Industria de Madrid-, a la que deben acudir las partes para la designación del árbitro correspondiente para dirimir sus controversias. “Con esa identificación de la Corte de arbitraje designada por las partes, el nombramiento de árbitro por este Tribunal contravendría la propia voluntad de las partes e impediría además la administración del arbitraje la aplicación del reglamento al procedimiento arbitral igualmente convenidos”.

Un laudo del CIADI de 4 de mayo de 2017 condena a España por el recorte a las renovables

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Como anunciamos en este blog , el Laudo de 4 de mayo de 2017, Eiser Infrastructure Limited and Energia Solar Luxembourg  S.à rl v. Reino de España (CIADI, caso nº /ARB/13 /36) ha condenado a España por el perjuicio sufrido en las inversiones realizadas en tres plantas termosolares a raíz de los recortes aplicados por el Gobierno español. El tribunal arbitral estaba compuesto por John R. Crook, Presidente. Dr. Stanimir A. Alexandrov y Profesor Campbell McLachlan, árbitros. En el laudo se considera que el tribunal arbitral “tiene jurisdicción en virtud del Tratado sobre la Carta de la Energía y del Convenio CIADI respecto de las reclamaciones de las Demandantes, excepto que acepta las excepciones preliminares del Demandado con respecto a la reclamación de que las medidas impositivas del Demandado, en particular el impuesto de 7% sobre el valor de la producción de energía eléctrica creado por la Ley 15/2012, violan el Tratado sobre la Carta de la Energía”. Asimismo considera que España  violó el art. 101ºdel Tratado sobre la Carta de la Energía al no otorgar un trato justo y equitativo a las Demandantes. y se le condena la suma de EUR 128 millones por concepto de daños. Asimismo, España deberá pagará intereses sobre el monto otorgado desde el 20 de junio de 2014 hasta la fecha de este Laudo a una tasa de 2,07%, compuesta mensualmente, e intereses desde la fecha del Laudo hasta la fecha de pago a una tasa de 2,50%, compuesta mensualmente.