La responsabilidad del transportista aéreo por la pérdida de una maleta se aplica a la totalidad del daño causado con independencia del carácter material o moral de éste

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La Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Bilbao de 4 octubre 2016 determina que, en los diferentes supuestos en los que se presume que el transportista es responsable en virtud del capítulo III del Convenio de Montreal, el “equilibrio de intereses equitativo” exige que existan límites claros de indemnización relacionados con la totalidad del daño sufrido por cada pasajero en cada uno de dichos supuestos, con independencia de la naturaleza del daño causado a este último. Una limitación de la indemnización así concebida permite que los pasajeros sean indemnizados fácil y rápidamente sin que no obstante se imponga a los transportistas aéreos una carga de reparación muy gravosa, difícilmente identificable y cuantificable, que podría dificultar, incluso paralizar, su actividad económica.. De ello resulta que las diferentes limitaciones de la indemnización mencionadas en el capítulo III del Convenio de Montreal, incluida la prevista en el art. 22, ap. 2, de dicho Convenio, tienen que aplicarse a la totalidad del daño causado con independencia del carácter material o moral de éste.

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Acción de responsabilidad por el incumplimiento de la prohibición de vender fuera de una red de distribución selectiva

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De acuerdo con la STJ 21 diciembre 2016 (as. C-618/15: Concurrence) el Derecho de la Unión debe interpretarse, a los efectos de atribuir la competencia judicial conferida por dicha disposición para conocer de una acción de responsabilidad por el incumplimiento de la prohibición de vender fuera de una red de distribución selectiva que supone la oferta, en sitios web que operan en diferentes Estados miembros, de productos objeto de dicha red, en el sentido de que debe considerarse que el lugar donde se ha producido el daño es el territorio del Estado miembro que protege dicha prohibición de venta mediante la acción en cuestión, territorio en el cual el demandante afirma haber sufrido una reducción de sus ventas.

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Seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles: Legitimación pasiva ante los órganos jurisdiccionales

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La Sentencia del Tribunal de Justicia de 15 diciembre 2016 (as. C-558/15: Vieira de Azevedo y otros) determina que el Derecho de la Unión no exige que los Estados miembros establezcan que ante los órganos jurisdiccionales nacionales que conozcan de acciones de indemnización ejercitadas por perjudicados puedan ser demandados, en lugar de serlo las entidades aseguradoras a las que representan, los representantes mismos encargados, en virtud del art. 4 de la Directiva 2000/26, de la tramitación y liquidación de siniestros.

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El inmigrante, de cuyo pasaporte o documento equivalente de identidad se desprenda su minoría de edad, no puede ser considerado un extranjero indocumentado para ser sometido a pruebas de determinación de su edad

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Se conformidad con la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 diciembre 2016, el inmigrante de cuyo pasaporte o documento equivalente de identidad se desprenda su minoría de edad no puede ser considerado un extranjero indocumentado para ser sometido a pruebas complementarias de determinación de su edad, pues no cabe cuestionar sin una justificación razonable por qué se realizan tales pruebas cuando se dispone de un pasaporte válido. Por tanto, procede realizar un juicio de proporcionalidad y ponderar adecuadamente las razones por las que se considera que el documento no es fiable y que por ello se debe acudir a las pruebas de determinación de la edad. En cualquier caso, ya se trate de personas documentadas como indocumentadas, las técnicas médicas, especialmente si son invasivas, no podrán aplicarse indiscriminadamente para la determinación de la edad.

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La Corte Internacional de Arbitraje de la CCI anuncia modificaciones importantes al Reglamento de arbitraje, con el objetivo de aumentar la eficiencia y la transparencia, y propone un nuevo procedimiento acelerado

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La Cámara de Comercio Internacional (CCI) anunciado importantes cambios en su Reglamento de Arbitraje, que entrarán en vigor el 1 de marzo de 2017. Los cambios incluyen la introducción de un procedimiento acelerado para las pequeñas reclamaciones, así como enmiendas generales para racionalizar la elaboración del acta de misión, y proporcionar una mayor transparencia al proceso de arbitraje. El procedimiento abreviado se aplicará automáticamente a los conflictos de menos de 2 millones de dólares. En este caso, entre otras características: a) el Tribunal nombrará normalmente un árbitro único, independientemente del acuerdo de arbitraje y los laudos se dictarán en seis meses, con prórrogas en circunstancias limitadas y justificadas; b) no habrá Acta de Misión; c) el tribunal tendrá discreción para decidir el caso en los documentos solamente, sin audiencia, si no hay peticiones para producir documentos, y sin examen de los testigos; d) se establecen costes reducidos. Bien entendido que las ventajas del procedimiento abreviado también pueden ser efectivas en casos más grandes si las partes así lo acuerdan. El nuevo reglamento de arbitraje entrará en vigor del 1 de marzo de 2017.

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Improcedencia de una sustracción internacional de menores

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 6 octubre 2016 declaró la improcedencia de una sustracción internacional de menores.

Protección de menores.- Ejercicio de los derechos, guarda y custodia.- Custodia compartida.- Traslado o retención ilícitos: inexistencia.- Consentimiento para el traslado y posterior residencia en España.- Restitución del menor.- Derecho extranjero: ausencia de prueba.- Residencia habitual: cambio de residencia.- Régimen de visitas.- Sustracción internacional de menores.

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El profesor Sixto A. Sánchez Lorenzo nuevo Secretario General del Instituto Hispano Luso Americano de Derecho Internacional

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En el XXIX Congreso del Instituto de Derecho Internacional, celebrada en Lima los días 12 a 16 de diciembre de 2016, fue elegido por aclamación Secretario General de esta institución el profesor Sixto A. Sánchez Lorenzo, Catedrático de Derecho internacional privado de la Universidad de Granada. El mandato del nuevo Secretario General cubre un período de seis años.

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