La Comisión Europea está tomando medidas para mejorar la protección de los periodistas y los defensores de los derechos humanos frente a procedimientos judiciales abusivos. Las demandas estratégicas contra la participación pública, comúnmente conocidas como ‘SLAPP’, son una forma particular de hostigamiento que se utiliza principalmente contra periodistas y defensores de los derechos humanos para evitar o sancionar que hablen sobre temas de interés público.

La Directiva propuesta el 27 de abril de 2022 cubre los SLAPP en asuntos civiles con implicaciones transfronterizas. Permite a los jueces desestimar rápidamente demandas manifiestamente infundadas contra periodistas y defensores de los derechos humanos. También establece varias garantías y recursos procesales, tales como la indemnización por daños y perjuicios y sanciones disuasorias por iniciar demandas abusivas. La Comisión también está adoptando una recomendación complementaria para animar a los Estados miembros a adaptar sus normas a la legislación de la UE propuesta también para los casos nacionales y en todos los procedimientos, no solo en los asuntos civiles. La Recomendación también pide a los Estados miembros que adopten una serie de otras medidas, como formación y sensibilización, para luchar contra los SLAPP.

Antecedentes

El Plan de Acción Europeo para la Democracia , adoptado en diciembre de 2020, anunció una serie de iniciativas para apoyar y salvaguardar la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación. En este contexto, la Comisión presentó en septiembre de 2021 su primera recomendación a los Estados miembros sobre la seguridad de los periodistas . Con la presente iniciativa se da un paso más con las medidas para proteger a los periodistas y las organizaciones de la sociedad civil contra los litigios abusivos. El uso de SLAPP está aumentando en la UE, con objetivos que a menudo enfrentan múltiples demandas simultáneamente y en múltiples jurisdicciones. Dichos procedimientos judiciales tienen un impacto negativo en la disposición y capacidad de los periodistas y defensores de los derechos humanos para continuar con su trabajo, y un efecto paralizante en la libertad de expresión, la libertad de información y un debate público pluralista.

La prevalencia de SLAPP es motivo de grave preocupación en algunos Estados miembros, como se identifica en los Informes sobre el estado de derecho de 2020 y 2021 . En 2021, Media Freedom Rapid Response (MFRR) documentó 439 alertas (con 778 personas o entidades relacionadas con los medios atacadas) en 24 Estados miembros de la UE, incluidos los SLAPP. En más de 1 de cada 5 de esos incidentes (22,1 % – 97 alertas), los actores de los medios enfrentaron consecuencias legales.

Junto con las crecientes amenazas a su seguridad física y en línea, las amenazas legales y los litigios abusivos se suman a un entorno en el que la actividad hostil contra los periodistas está creciendo y puede tener un impacto grave en su disposición y capacidad para continuar con su trabajo. Un ejemplo trágico del uso de SLAPP es el de la periodista Daphne Caruana Galizia, que enfrentaba más de 40 demandas al momento de su asesinato en 2017. El objetivo de las demandas de SLAPP no es acceder a la justicia sino hostigar, intimidar y silenciar a los acusados con la la duración de los procedimientos, la presión financiera y la amenaza de sanciones penales. Los periodistas no son los únicos objetivos; Los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil, especialmente las que trabajan por los derechos humanos y el medio ambiente, también se enfrentan a SLAPP.

Vid. Parlamento Europeo: El uso de las demandas estratégicas contra la participación pública para silenciar a los periodistas, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil

Propuesta Directiva contra las SLAPP

La Directiva propuesta proporciona a los tribunales y a los destinatarios de los SLAPP las herramientas para luchar contra procedimientos judiciales manifiestamente infundados o abusivos. Las salvaguardias propuestas se aplicarán en asuntos civiles con implicaciones transfronterizas. Se espera que las salvaguardias beneficien en particular a los periodistas y a las personas u organizaciones comprometidas en la defensa de los derechos fundamentales y una variedad de otros derechos, como los derechos ambientales y climáticos, los derechos de las mujeres, los derechos LGBTIQ, los derechos de las personas con antecedentes raciales o étnicos minoritarios, derechos laborales o libertades religiosas, pero están cubiertas todas las personas involucradas en la participación pública en asuntos de interés público. Las salvaguardas se han dirigido a garantizar el equilibrio entre el acceso a la justicia y los derechos de privacidad con la protección de la libertad de expresión e información.

• Sobreseimiento anticipado de un procedimiento judicial manifiestamente infundado : los tribunales podrán tomar una decisión anticipada de sobreseimiento del procedimiento si un caso es manifiestamente infundado. En tal situación, la carga de la prueba recaerá en el demandante para demostrar que el caso no es manifiestamente infundado;
• Costos procesales : corresponderá al demandante asumir todos los costos, incluidos los honorarios de los abogados del demandado, si un caso se desestima por abuso;
• Compensación de daños: el objetivo de SLAPP tendrá derecho a reclamar y obtener una compensación total por los daños materiales e inmateriales;
• Sanciones disuasorias : para evitar que los demandantes inicien procedimientos judiciales abusivos, los tribunales podrán imponer sanciones disuasorias a quienes presenten dichos casos ante los tribunales.
• Protección frente a sentencias de terceros países : los Estados miembros deben denegar el reconocimiento de una sentencia procedente de un país no perteneciente a la UE, contra una persona domiciliada en un Estado miembro, si se determina que el procedimiento es manifiestamente infundado o abusivo con arreglo a la legislación del Estado miembro. El destinatario también podrá solicitar la indemnización de los daños y perjuicios y de las costas en el Estado miembro en el que esté domiciliado.

Recomendación para los Estados miembros

La Recomendación de la Comisión también adoptada hoy complementa la Directiva y anima a los Estados miembros a garantizar que:

• Los marcos legales nacionales brindan las garantías necesarias, similares a las de la UE, para abordar los casos nacionales de SLAPP. Esto incluye garantizar las garantías procesales de un sobreseimiento anticipado de procedimientos judiciales manifiestamente infundados. Los Estados miembros también deberían garantizar que sus normas aplicables a la difamación, que es uno de los motivos más comunes para lanzar SLAPP, no tengan un impacto injustificado en la libertad de expresión, en la existencia de un entorno mediático abierto, libre y plural. y sobre la participación ciudadana.
• Hay capacitación disponible para los profesionales del derecho y los posibles objetivos de SLAPP para mejorar sus conocimientos y habilidades para manejar de manera efectiva estos procedimientos judiciales. La Red Europea de Formación Judicial (REFJ) participará para garantizar la coordinación y la difusión de la información en todos los Estados miembros;
• Se organizan campañas de sensibilización e información para que periodistas y defensores de derechos humanos sí reconozcan cuando se encuentran ante un SLAPP;
• Los objetivos de SLAPP tienen acceso a apoyo individual e independiente , como de firmas de abogados que defienden los objetivos de SLAPP pro bono;
• Los datos agregados recopilados a nivel nacional sobre procedimientos judiciales manifiestamente infundados o abusivos contra la participación pública se informan a la Comisión anualmente, a partir de 2023

Acciones futuras

La Directiva propuesta deberá ser negociada y adoptada por el Parlamento Europeo y el Consejo antes de que pueda convertirse en ley de la UE.