La posibilidad de solicitar la nulidad del convenio arbitral viene abocada al fracaso, desde el momento en que es el propio árbitro el que considera que no existe convenio arbitral válido (STSJ Madrid CP 1ª 11 junio 2021 nº 46/2021)

La Sentencia del Tribunal de Justicia de Madrid, Sala de lo Civil u Penal, Sección Primera, de 11 de junio de 2021 nº 46/2021 (ponente: David Suárez Leoz) desestima una demanda ejercitando la acción de anulación contra diversas órdenes dictadas en el seno del procedimiento arbitral iniciado por Z.E., ante la Corte Internacional de Arbitraje (Caso CCI nº 24654/ JPA). La presente demanda de anulación planteada, tiene por objeto que se dicte la nulidad de diversas decisiones, que denomina laudos interlocutorios, dictados en el seno del procedimiento arbitral iniciado por la ahora demandada Z.E. ante la Corte Internacional de Arbitraje (Caso CCI nº 24654/JPA), y en concreto la Orden procesal N° 1 y los Terms of Reference o Resolución de Términos de Referencia, así como las órdenes procesales N° 2, N° 3, N° 5 y N° 6 dictadas por el Árbitro único D. C.G.B.C.O. . Considera la parte actora que dichas decisiones, que denomina Laudos interlocutorios, son contrarios a Derecho y reclama igualmente la declaración de nulidad del procedimiento arbitral, así como de la cláusula arbitral en que se fundamenta, por no ser conformes a Derecho. Con posterioridad a la presentación de la demanda, y de la contestación formulada por Z.E., se aporta por la propia actora el laudo final dictado por el citado árbitro en fecha el 17 de noviembre de 2020, por el que declara que no resulta de aplicación a las relaciones entre ambas empresas ni el convenio arbitral alegado por Z.E. España S.L.U. del contrato mercantil de 2014, ni el posterior borrador de contrato de 2017 y por ello, la citada Corte Internacional de Arbitraje declara que carece de competencia para conocer de los reclamos formulados por Z.E. España S.L.U. condenándola al pago de US$ 57,000 en concepto de gastos administrativos y honorarios del Árbitro único.

De acuerdo con la presente decisión:

«(…) No obstante, y a pesar de que el laudo final le da la razón a la ahora actora en su pretensión de inexistencia de convenio arbitral válido para el sometimiento de la cuestión litigiosa a la citada Corte, sigue manteniendo a pesar de ello que procede la declaración de nulidad, reclamando de este Tribunal que resuelva sobre la nulidad del procedimiento arbitral por una razón de orden público, y lo fundamenta en que es preciso un pronunciamiento de los Tribunales de Justicia, con efecto de cosa juzgada, acerca de la nulidad del convenio arbitral, pues en otro caso la demandada podría verse tentada a hacerlo valer en otro nuevo procedimiento (…). Lo que quiere impugnar la parte actora no es ese laudo final sino un conjunto de decisiones adoptadas por el árbitro en el seno del procedimiento arbitral, adelantándose así a la decisión que debía adoptarse sobre la cuestión planteada ya en aquel procedimiento, relativa a la competencia arbitral. Cuanto ha sucedido con la presente acción de nulidad es que B., anticipándose a lo que debía llegarse en el laudo final, alega las causas de nulidad previstas en el art. 41.1º, letras a) y f) de la Ley de Arbitraje para solicitar del Tribunal de Justicia que declare que la controversia no puede ser dirimida por una Corte arbitral. Ejercita por ello una acción que, si bien debe entenderse admisible en determinados casos, pese a la dicción literal del art. 40 LA (que habla de laudos «definitivos» como aquellos susceptibles de la acción de nulidad ), en el presente caso no lo es si tenemos en cuenta el texto del artículo 22.3, donde se establece que «los árbitros podrán decidir las excepciones de que trata este artículo con carácter previo o junto con las demás cuestiones sometidas a su decisión relativas al fondo del asunto. La decisión de los árbitros sólo podrá impugnarse mediante el ejercicio de la acción de anulación del laudo en el que se haya adoptado.» En el presente caso, ningún laudo interlocutorio se ya dictado por la Corte Arbitral, sino que la estimación de la pretensión de ausencia de convenio arbitral válido ha sido adoptada por el tan citado árbitro en su laudo final, y que por ello, no ha sido objeto de nulidad en la presente demanda, presentada meses antes de que se adoptara tal decisión, y en la que, además, se le da la razón a la actora (…). Si lo expuesto en el fundamento jurídico anterior no fuera suficiente, tenemos que añadir que la acción de anulación que se ejercita predica la anulación de diversas decisiones adoptadas por el árbitro en el procedimiento que nos ocupa, y que finalmente ha dado lugar a dictarse un laudo final por el que acuerda carecer de competencia, por inexistencia de convenio arbitral válido. Atendido el alcance y función revisora que otorga a esta Sala el recurso de anulación en el que nos encontramos y el concepto acuñado de orden público, debe ser desestimada la demanda formulada, pues por una parte desborda claramente el marco de aplicación del recurso interpuesto y, por otra parte, el Laudo dictado no vulnera el orden público. Desborda el marco de aplicación del recurso de anulación formulado ya que, en realidad, no se pretende la nulidad de ningún laudo final, ni siquiera de ningún laudo interlocutorio, sino que lo pretendido es la nulidad de las decisiones adoptadas por el Sr. D. C.G.B.C.O., en el marco del procedimiento arbitral que se sigue a instancia de la ahora demandada, para determinar si tenía competencia o no para dictar una decisión arbitral, y que finalmente ha rechazado, tal y como ya hemos expuesto. Es por ello que la posibilidad de solicitar la nulidad del convenio arbitral viene abocada al fracaso, desde el momento en que es el propio árbitro el que considera que no existe convenio arbitral válido. Por último, no corresponde a la Sala, dado el alcance del procedimiento de anulación en el que nos encontramos, como ya hemos expuesto al examinar la doctrina al respecto, entrar a examinar la corrección jurídica de la decisión adoptada por el colegio arbitral, sino solo comprobar que, si en el procedimiento y la resolución arbitrales se cumplieron las debidas garantías procesales, si el laudo se ajustó a los límites marcados en el convenio arbitral, si éste carece de validez o si la decisión arbitral invade cuestiones no susceptibles de arbitraje. Como tiene declarada la jurisprudencia en este aspecto, la labor de la Sala tiene como función la de comprobar la regularidad del procedimiento arbitral y como objeto dejar sin efecto lo que pueda constituir un exceso del laudo arbitral, pero no corregir sus deficiencias u omisiones. Dicho criterio viene avalado por la citada STC. De 15 de junio de 2020, al establecer (‘…’).  El laudo resuelve la cuestión de competencia suscitada por la ahora actora, estimándola, por inexistencia de convenio arbitral, y sólo en el caso de que el Tribunal arbitral se hubiera arrogado competencia a pesar de inexistencia de convenio arbitral, sería cuando concurriría el requisito previo e imprescindible para que, ex artículo 40 Ley de Arbitraje, pueda interponerse una acción de anulación, pues no existe el presupuesto objetivo de la acción, ya que no hay nada que anular. Procede por todo lo expuesto desestimar la demanda formulada»

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