La ONU ha convocado una conferencia en Marrakech el 10 y 11 de diciembre para adoptar formalmente un pacto que busca hacer la migración más segura y digna para todos. El texto del acuerdo, cuyo nombre oficial es Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, fue acordado por todos los Estados miembros de la ONU, con la excepción de Estados Unidos, en julio en la Asamblea General. Desde entonces, varios países se han desvinculado del texto a pesar de que no es legalmente vinculante y respeta la soberanía de los Estados para gestionar sus fronteras y sus políticas migratorias. El documento reconoce que, para aprovechar los beneficios de la inmigración y mitigar los riesgos y los retos que conlleva, hace falta mejorar la colaboración entre países. Con más de 68 millones de personas que se han visto forzadas a desplazarse, los migrantes y refugiados recientemente han ocupado titulares en todo el mundo: desde la crisis de refugiados en Europa, a las caravanas de migrantes que viajan de Centroamérica a la frontera sur de Estados Unido. El Pacto Mundial sobre Migración, acordado el pasado 13 de julio, es el primer acuerdo global para ayudar a aprovechar los beneficios de la migración y proteger a los inmigrantes indocumentados. Se trata del primer intento para gestionar los flujos migratorios de forma integral y a escala internacional. “Refleja el entendimiento común de los Gobiernos de que la migración que cruza fronteras es, por definición, un fenómeno internacional y que para gestionar con efectividad esta realidad global es necesaria la cooperación para ampliar el impacto positivo para todos”, apuntó el Secretario General, António Guterres. El pacto se estructura en torno a 23 grandes objetivos. Entre esas metas, hay algunas genéricas como la cooperación para abordar las causas que motivan la migración o mejorar las vías de migración legal. Pero también hay compromisos concretos, como medidas contra la trata y el tráfico de personas, evitar la separación de las familias, usar la detención de migrantes sólo como última opción o reconocer el derecho de los migrantes irregulares a recibir salud y educación en sus países de destino. Los Estados se comprometen también a mejorar su cooperación a la hora de salvar vidas de migrantes, con misiones de búsqueda y rescate, y garantizando que no se perseguirá legalmente a quien les dé apoyo de carácter «exclusivamente humanitario». Además, los Gobiernos prometen garantizar un regreso «seguro y digno» a los inmigrantes deportados y no expulsar a quienes se enfrentan a un «riesgo real y previsible» de muerte, tortura u otros tratos inhumanos. Hasta ahora, Estados Unidos, Austria, Hungría, Polonia, Estonia, Bulgaria, República Checa, Israel, Australia y República Dominicana se han desmarcado. Algunos han argumentado que es incompatible con su soberanía o que podría tener un efecto de incitación de la inmigración ilegal.