El viernes 21 de septiembre se celebró el primer aniversario de la entrada en vigor del Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG) entre la UE y Canadá, más conocido por sus siglas inglesas CETA. Entre los logros de este acuerdo cabe citar: la supresión del 98 % de los aranceles para la exportación de productos industriales y agrícolas, la simplificación de los trámites burocráticos y la reducción de costes de los procedimientos aduaneros, la protección de casi 150 indicaciones geográficas europeas y españolas, la intensificación de la cooperación en materia legislativa y el reconocimiento mutuo de las normas industriales. Además, este acuerdo permite, por primera vez, el acceso de las empresas de la UE al amplio mercado de contratación pública canadiense y simplifica la circulación de los trabajadores, así como el reconocimiento de sus diplomas. Para la Comisión el acuerdo ha ofrecido nuevas oportunidades a todas las empresas de la UE, en particular a las pequeñas y medianas. Además de los costes que los aranceles suponen para las PYME, las pequeñas y medianas empresas suelen tener muchas más dificultades que las grandes para hacer frente a las trabas burocráticas y a otras barreras no arancelarias que reducen su competitividad o hacen que su acceso a nuevos mercados no sea rentable. Desde la Comisión se afirma que con el CETA, las pequeñas empresas ahorran tiempo y dinero, evitando, por ejemplo, la duplicación de requisitos de ensayo de los productos, procedimientos aduaneros farragosos y costosas tasas judiciales.
