Denegación del execuátur de una resolución sudafricana que declaró que dos laudos arbitrales «habían devenido en orden judicial»· (AAP Madrid 8ª 18 julio 2018)

El Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Octava, de 18 de julio de 2018, desestima un recurso de apelación contra un auto del juzgado que denegó el execuátur de una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Sudáfrica que confirmó dos laudos arbitrales. De acuerdo con la presente decisión: «Del examen de la documental aportada, se confirma tanto el haberse sometido voluntariamente el ahora demandado al procedimiento arbitral del que dimana la ejecución ahora pretendida, de acuerdo con el contrato obrante en autos, de fecha 12 de junio de 2012, su voluntario e ineficaz desistimiento cuando ya estaba en trámite, por interés de parte, lo que no le privaba de efectos una vez concluido, como así aconteció, habiendo tenido oportunidad de defenderse (…). Sin embargo, el Laudo provisional de 26 de agosto de 2013 y Laudo definitivo 3 de octubre de 2013, no constan formal ni materialmente notificados; son insuficientes las menciones de no existir apelación pendiente respecto de estos laudos y la posterior resolución judicial del Tribunal Superior de Justicia de Sudáfrica Del examen de la documental aportada, se confirma tanto el haberse sometido voluntariamente el ahora demandado al procedimiento arbitral del que dimana la ejecución ahora pretendida, de acuerdo con el contrato obrante en autos, de fecha 12 de junio de 2012, su voluntario e ineficaz desistimiento cuando ya estaba en trámite, por interés de parte, lo que no le privaba de efectos una vez concluido, como así aconteció, habiendo tenido oportunidad de defenderse (…). Sin embargo, el laudo provisional de 26 de agosto de 2.013 y Laudo definitivo 3 de octubre de 2013, no constan formal ni materialmente notificados; son insuficientes las menciones de no existir apelación pendiente respecto de estos laudos y la posterior resolución judicial del Tribunal Superior de Justicia de Sudáfrica declarando que los mismos habían devenido en orden judicial, pues si se entiende que tal figura se refiere a la posibilidad de ejecución del mismo para recuperar los daños y perjuicios de conformidad con el laudo, así como las costas reconocidas por el árbitro, que deberían ser fijadas por el Experto en Tasación de costas, según se solicita en la declaración jurada del Abogado de la parte ejecutante, con ello se está cuestionando precisamente la firmeza y ejecutividad de los mismos (…) La primera actividad constada en orden a justificar la notificación de los laudos, especialmente el definitivo de 3 de Octubre de 2.013, se aprecia e invoca por la ejecutante en la solicitud formal presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Sudáfrica, para que declarase que los mismos se constituían en resolución judicial a través de la declaración jurada del propio Abogado de la parte contraria, y que dichos laudos habían devenido en orden judicial, sin que conste notificación formal de tales laudos, con expresión del derecho a recurrirlos, en su caso, en los términos previstos en el propio arbitraje del citado país, al que se sometieron las partes, mientras que en dicha notificación efectuada por correo electrónico, aprobando la solicitud de notificación de la referida moción y declaración jurada para que deviniesen en resolución judicial se entiende que ejecutable ya, se limita a conferirle el plazo de cinco días para que pudiera oponerse a ese trámite de reconocimiento, sin constar como se ha dicho anteriormente, la previa y formal notificación de tales laudos y posterior posibilidad de defensa frente a los mismos (…). En consecuencia, es de aplicación el art. 46, ap. 1.b), de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en cuyas causas de denegación del reconocimiento respecto de las resoluciones judiciales extranjeras consideradas firmes, – firmeza que aquí puede cuestionarse igualmente-, cuando: a) fueran contrarias al orden público, y b) si la resolución se hubiera dictado con manifiesta infracción de los derechos de defensa de cualquiera de las partes. Si la resolución se hubiera dictado en rebeldía, se entiende que concurre una manifiesta infracción de los derechos de defensa si no se entregó al demandado cédula de emplazamiento o documento equivalente de forma regular y con tiempo suficiente para que pudiera defenderse. Todo lo anteriormente expuesto lleva a colegir la desestimación del recurso, confirmando el Auto apelado, pues si se entiende que tal figura se refiere a la posibilidad de ejecución del mismo para recuperar los daños y perjuicios de conformidad con el laudo, así como las costas reconocidas por el árbitro, que deberían ser fijadas por el Experto en Tasación de costas, según se solicita en la declaración jurada del Abogado de la parte ejecutante, con ello se está cuestionando precisamente la firmeza y ejecutividad de los mismos (…). La primera actividad constada en orden a justificar la notificación de los laudos, especialmente el definitivo de 3 de octubre de 2013, se aprecia e invoca por la ejecutante en la solicitud formal presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Sudáfrica, para que declarase que los mismos se constituían en resolución judicial a través de la declaración jurada del propio Abogado de la parte contraria, y que dichos laudos habían devenido en orden judicial, sin que conste notificación formal de tales laudos, con expresión del derecho a recurrirlos, en su caso, en los términos previstos en el propio arbitraje del citado país, al que se sometieron las partes, mientras que en dicha notificación efectuada por correo electrónico, aprobando la solicitud de notificación de la referida moción y declaración jurada para que deviniesen en resolución judicial se entiende que ejecutable ya, se limita a conferirle el plazo de cinco días para que pudiera oponerse a ese trámite de reconocimiento, sin constar como se ha dicho anteriormente, la previa y formal notificación de tales laudos y posterior posibilidad de defensa frente a los mismos (…). Igual ocurre con la posterior Resolución judicial del citado Tribunal de fecha 30 de octubre de 2013, por la que devenía en resolución judicial los laudos en cuestión, constando sólo la no presentación de recurso alguno, en la certificación de la Secretario Judicial, documento nº 10 y 10 bis de la demanda al folio 179 de autos, pero no que dicha resolución se hubiera notificado al interesado, lo que no se salva por los informes de los letrados aportados que inciden en ese aspecto sobre los efectos de no presentarse recurso en plazo, o la propia declaración jurada del Letrado de la parte contraria, por su objetiva parcialidad, cuando lo que aquí se analiza es la existencia o no de notificaciones y posibilidad de defensa, como cuestión de orden público, que informa necesariamente la firmeza o no de la resolución o su propia nulidad, si falta ese presupuesto esencial de la notificación (…). En consecuencia, es de aplicación el art. 46, ap. 1.b), de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en cuyas causas de denegación del reconocimiento respecto de las resoluciones judiciales extranjeras consideradas firmes, – firmeza que aquí puede cuestionarse igualmente-, cuando: a) fueran contrarias al orden público, y b) si la resolución se hubiera dictado con manifiesta infracción de los derechos de defensa de cualquiera de las partes. Si la resolución se hubiera dictado en rebeldía, se entiende que concurre una manifiesta infracción de los derechos de defensa si no se entregó al demandado cédula de emplazamiento o documento equivalente de forma regular y con tiempo suficiente para que pudiera defenderse. Todo lo anteriormente expuesto lleva a colegir la desestimación del recurso, confirmando el Auto apelado»